Por Horacio Verbitsky
 El gobierno de Carlos Rückauf no responde a las intimaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo de las torturas a niños en comisarías y en institutos asistenciales de la provincia de Buenos Aires, que se han convertido en una sórdida rutina. Tampoco ha habido respuesta acerca de las ejecuciones extrajudiciales de menores en presuntos enfrentamientos con las fuerzas policiales de Buenos Aires. Rückauf basó su oferta electoral en la promesa de meter bala a los delincuentes. El silencio oficial no puede atribuirse a desconocimiento o indiferencia. Al mismo tiempo que desdeñaba las disposiciones de la Justicia, el gobernador protestó ante el Consejo Provincial del Menor y la Familia por haber enviado una inspección al Hogar Jesús de Nazareth, donde un niño fue violado ante las burlas de sus autoridades. Esa institución depende del obispado de Luján-Mercedes, cuyo titular hasta marzo último, Emilio Ogñénovich, fu
e protagonista de un corto publicitario en favor de Rückauf durante la campaña proselitista de 1999, por su presunta “defensa de la vida”.
La revista católica “Criterio” denunció que había obispos a sueldo del gobierno de Menem y Rückauf. La práctica habitual en esos institutos es drogar a los chicos para que no molesten. Según cifras oficiales suministradas hace un año por la ex titular del Consejo Provincial del Menor, María Laura Leguizamón, en Buenos Aires viven cerca de 4.800.000 niños y adolescentes, de los cuales el 23 por ciento tiene necesidades básicas insatisfechas. Y “sólo el 0,1 por ciento de los delitos los cometen menores, al contrario de lo que se quiere hacer creer”. La terrorífica situación de los menores alojados en comisarías ya era grave durante el anterior gobierno; ahora ni siquiera se responden las comunicaciones judiciales.
Las torturas a chicos detenidos no son casos aislados sino, por el contrario, una práctica generalizada. Están documentadas en expedientes judiciales las que ocurren en las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Tigre; 1ª, 2ª y 3ª de San Fernando; 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Pilar; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª de San Isidro; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Vicente López; Ciclistas de San Isidro; Morón 1º; Comando de San Isidro; Oficina de Coordinación de San Isidro; Destacamento Villa Rosa; Comando de San Fernando; Oficina de Coordinación Tigre y Brigada de Tigre. También constan las torturas padecidas por chicos internados en los institutos Aráoz Alfaro, Manuel Rocca, Agote, Almafuerte, Santa María E. Pelletier, Leopoldo Lugones, Registro, Movimiento y Ubicación de Menores y Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth. Suman ya más de 200 casos, de los cuales la mitad en los últimos meses. Su comprobación en un juicio penal y el castigo a los responsables es improbable, ya que ocurren en ámbitos cerrados donde la complicidad es
la regla y no hay testigos ajenos a las respectivas instituciones. Pero al menos podrían adoptarse medidas elementales que impidieran su reiteración. El mero alojamiento de niños en dependencias policiales (aunque no se produjera maltrato alguno) o en cárceles de mayores, está prohibido por las constituciones nacional y provincial, por la Convención sobre los Derechos del Niño, por las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, por las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores.
La prohibición también fue transmitida en forma expresa al gobierno bonaerense por la Suprema Corte de Justicia, luego de varios casos en los que dos chicos murieron quemados en comisarías de San Martín y Mercedes, se informó del presunto intento de suicidio de otro en la de Villa Ramallo y se produjeron graves incidentes en una de Almirante Brown. Días antes deque Eduardo Duhalde dejara el gobierno, el Consejo del Menor y la Familia firmó un convenio con el Servicio Penitenciario para el alojamiento de chicos en la cárcel de Magdalena. La Suprema Corte lo fulminó en una Acordada en la que sostuvo que ese era el camino opuesto al fijado por el tribunal. El 13 de marzo de este año el Asesor de Menores de San Isidro, Carlos Ernesto Bigalli, propuso a la Suprema Corte provincial la creación de un registro informatizado de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de consulta pública. El formulario tipo omitiría la identidad de los menores víctimas, pero en cambio incluiría la de las personas a c
argo del acto en el que se practica la tortura, del titular de la dependencia, de la persona a cargo de la dependencia en el momento del acto y del personal que prestó funciones el día del hecho.
Delitos impunes
El 22 de febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires solicitó al ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Aldo Rico, que dictara instrucciones para impedir la repetición de este tipo de episodios en los que “la dignidad de la persona menor de edad indebidamente alojada en comisarías se ve agraviada aún en mayor medida con humillaciones y malos tratamientos que configuran delitos de acción pública”. Durante la gestión del ex gobernador Eduardo Duhalde y en respuesta a una comunicación similar de la Suprema Corte el entonces ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanián convocó a los titulares de 17 dependencias en las que se habían denunciado torturas a menores y los instó a “agotar los medios para evitar que este tipo de hechos se repitan”. El 16 de marzo el presidente de la Suprema Corte, Guillermo David San Martín, intimó a Rico a responderle qué medidas había adoptado para cumplir con la resolución anterior. “La severa situación planteada respecto de la seccional
policial Vicente López 5ª, comisaría Balneario, no se ha modificado”. Por el contrario, añadió, “se reiteran en dicha sede los apremios, malos tratamientos y humillaciones en perjuicio de los niños y jóvenes allí alojados”. Una vez más, el gobierno de Rückauf mostró su desdén por la Justicia con el silencio por única respuesta.
Mientras la Suprema Corte reitera las comunicaciones que el gobierno arroja el cesto de los papeles, el Asesor de Menores Bigalli interpone sucesivos recursos de hábeas corpus, reclamando el traslado de los chicos de las comisarías y cárceles a “establecimientos acordes a sus características”. Algunos jueces acceden al reclamo, otros responden que como no hay vacantes los chicos quedan en lista de espera. Pero la sala de la Cámara de Apelación y Garantía de San Isidro integrada por los jueces Fernando Maroto y Roberto Borserini consideró que las presentaciones de Bigalli tenían asidero y ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia una urgente respuesta concreta “al requerimiento de establecimientos adecuados y la asignación de las partidas correspondientes”.
Ante la falta de resultado de estas intimaciones, el 1º de febrero último Bigalli requirió a los tres juzgados de menores de San Isidro que no volvieran a alojar chicos en las comisarías. El mismo día los jueces comunicaron a la Suprema Corte que compartían el criterio de Bigalli, pero que carecían de “institutos de contención en la zona”, que era una “tarea ímproba” (sic) obtener una vacante en el Consejo Provincial del Menor y que era el poder político el responsable de dar una respuesta adecuada. Pero además, el juez Néstor Cámere rechazó la petición de Bigalli en un caso concreto. Dijo que “el criterio del señor asesor de menores no puede dejar de ser compartido. Pero resulta obvio que el alojamiento policial no puede ser evitado cuando el menor es detenido”. Agregó que mientras no hubiera sentencias judiciales no podían darse por probadas las torturasdenunciadas. Bigalli le respondió que la presunción de inocencia es una garantía constitucional que no puede amparar “a las dependencias policiales”
ya que “quienes sin hesitación alguna deben ser tratados como inocentes son los niños que, sin sentencia condenatoria firme, se hallan alojados ilegalmente en dependencias policiales”. Con el criterio del juez Cámere, sigue su escrito, “los niños además de sus almas tendrían que entregar sus cuerpos para el perverso ritual de la ‘reeducación’ (¡en comisarías!), mientras se dilucide y se desvirtúe por sentencia condenatoria firme la presunción de inocencia de las dependencias policiales”. Con el tono de alguien que ha agotado su paciencia, el Asesor de Menores describe así el perverso sistema en vigencia: “Cuando la tortura se haya producido se dispondrá el traslado de ese niño, su lugar será ocupado por otro, hasta que ese otro denuncie tormentos, se dispondrá su traslado y su lugar será ocupado por otro”. Para Bigalli “resulta incomprensible” que el juez “intente justificar el alojamiento de menores en dependencias policiales cuando, en la misma resolución, sostiene que tal es proceder es ilegal”. Al reiter
arse nuevos casos de torturas en comisarías (en uno de ellos “los policías habrían exigido una suma de dinero que se habría sustraído en el robo de un banco”) Bigalli volvió a solicitar el 28 de marzo que la Cámara hiciera cesar esa situación “inconstitucional, ilegal e ilegítima”. Hace diez días, Maroto y Borserini respaldaron su pedido y lo trasladaron a la Suprema Corte, que es el interlocutor judicial con los poderes Ejecutivo y Legislativo. La Suprema Corte accederá una vez más y se reiniciará de este modo un tétrico círculo vicioso: la Justicia se limita a recordar al gobernador y a los legisladores que están violando la Constitución y las leyes que juraron hacer cumplir y, ante su obstinado silencio, no inicia los procesos necesarios para enjuiciar ese escandaloso incumplimiento de sus deberes.
Víctimas y victimarios
Por H.V.
Cada vez que la policía comunica la detención de un niño, el asesor de menores de San Isidro, Carlos Ernesto Bigalli, se opone a su alojamiento en dependencias policiales. También se entrevista con cada uno de ellos y asiste a las declaraciones indagatorias.
A continuación, una síntesis de algunos de los casos denunciados por los chicos en esas ocasiones. Constituyen un compendio de maldad y sadismo que el poder político podría cortar de cuajo si solo se lo propusiera. Además de los casos de torturas, Bigalli también denunció a la Suprema Corte una docena de casos de niños muertos “en supuestos enfrentamientos policiales”. El asesor de menores eliminó los nombres tanto de las víctimas como de los victimarios antes de permitir la consulta. Para facilitar la lectura se han suprimido los lugares comunes de la jerga judicial. Los nombres de personas se han reemplazado por letras y se han transcripto los testimonios en primera persona. Por ejemplo, en vez de “dos policías llevaron al dicente al patio” se leerá “dos policías me llevaron al patio” y en vez de “menores”, “chicos”. Tal vez esto ayude a advertir que no se trata de papeles sino de personas, las más vulnerables e indefensas:
 “Estaba alojado con otros cuatro chicos. Dos policías me llevaron al patio, me pegaron con un palo en las costillas y me hicieron desnudar.Después me metieron en la celda y uno de los policías me pegaba en las costillas y demás partes del cuerpo con un palo. Al médico de la comisaría no pude decirle nada porque estaba al lado de un policía”.
“Duermo en el piso, sin sábanas, frazadas ni almohadas. No tenemos agua y sólo me dieron de comer cuando me corté. Me pegaron con la macana, con las manos y patadas. Antes de pegarnos siempre nos desnudan. Ese sábado, después de la visita, entraron cuatro policías y me golpearon preguntándome qué le había contado a mis padres. El médico no nos revisó. Nos miró desde el otro lado de la reja, junto a un policía y nos llamó de a uno para preguntarnos si nos habían pegado”.
“No nos dan frazadas, no nos dan de comer, no nos dejan bañarnos. Entraban a golpearnos para que dijéramos dónde estaba el dinero del robo del que nos acusaban. Nos hacían desnudar y nos pegaban con los palos esos que tiene la policía”.
“A mediodía, siete policías entraron a la celda a realizar una requisa. Nos hicieron desnudar y uno de los policías me puso un bastón en el cuello. Me volvieron a pegar a las cuatro de la tarde en la segunda requisa. Un policía me decía que me iba a fabricar un motín. Para pegarnos sacaban al patio a dos detenidos por celda, nos hacían desnudar y nos pegaban pero no dejaban que los demás vieran. En la revisación médica no pude decir nada porque había dos policías de guardia”.
“Me hicieron subir a un patrullero y me sentaron en el asiento trasero. Un cuarto policía, uniformado, sentado en el asiento del conductor se dio vuelta y me miró empuñando una pistola. Me dice: ‘vos te le escapaste a mis compañeros ¿te acordás? Conmigo estás muerto’. Otros dos policías se asomaban por la ventanilla, me miraban y se reían. El policía que me apuntaba me golpeó con el arma en ambos lados de la cara, unas cinco veces. También me golpeó con la culata. El policía que estaba sentado al lado mío me decía: ‘Quedate tranquilo, que no te va a tirar’. El policía que me apuntaba y me pegaba estaba tan nervioso que le salía espuma blanca de la boca. Me volvió a apuntar, esta vez al pecho. Yo estaba esposado, con los brazos hacia atrás. Cuando le vi la intención levanté la pierna izquierda para protegerme. Gatilló el arma y el disparo me dio en el costado de la pierna”.
“Golpearon a todos los chicos que estaban alojados en la dependencia. A mí me golpearon con una caña en la herida de la operación”.
“Vi como un oficial de la comisaría donde estaba detenido mi hijo lo tiró al suelo y escuché los golpes que le pegaban. En la comisaría no me dejaron verlo porque dijeron que estaba incomunicado. Recién lo vi en el tribunal. Estaba golpeado en la frente y tenía dificultad para caminar. En el tribunal los policías lo amenazaron”.
“Mientras estaba solo en una celda se presentó un policía y empezó a preguntarme por la causa. Cuando le dije que no me había hecho cargo del delito del que me acusaban, el policía sacó un arma de puño para asustarme. De repente sentí un disparo y un fuerte dolor y el policía empezó a gritar que se le había escapado el tiro”.
“Un policía trató de violar a mi hija en la comisaría. Le sacó las zapatillas y comenzó a desvestirse diciéndole que la violaría. Se salvó porque alguien golpeó a la puerta y eso lo hizo desistir. Mi hija estaba esposada y desde ese momento permanece descalza”.
“Al ingresar a la comisaría me obligaron a firmar un montón de papeles. En un momento en que me quedé solo con el oficial de servicio, me quiso obligar a que le besara los pies. Como me negué me tiró al piso y me pateó las costillas”.
“Los policías me golpearon al detenerme, mientras permanecí en la comisaría y hace instantes en la Alcaidía del Tribunal de Menores. Y me dijeron que me iban a golpear de nuevo cuando me trasladaran hacia la comisaría”.
“Mi hijo está internado en el hospital con heridas graves, consecuencia del disparo de arma de fuego efectuado por la policía. Lo operaron y aunque está entubado y no puede caminar lo esposaron a la cama, la mano derecha y la pierna izquierda”.
“Cuando estaba alojado en el Instituto Hache me pegaban palazos y patadas, a veces hacían una ronda, me tiraban al piso y me pegaban patadas. Me golpeaban casi todos los días. Además nos vendían drogas a cambio del dinero que nos dejaban nuestros familiares o de ropa. Nos daban cocaína y porros”.
“En el Instituto Jota nos pegaban con gomas. Nos obligaban a tirarnos en el suelo desnudos, con las manos en la nunca y las piernas abiertas y nos pateaban los testículos. La comida que nos servían estaba siempre sucia, llena de mocos y pelos, cruda y fría”.
“Los empleados también usan la droga para su consumo personal. El día que los chicos tienen que ir al tribunal los custodios los amenazan con remitir informes negativos. También nos amenazaron diciéndonos que si nos mandaban a otro instituto, sus empleados también nos pegarían”.
“Cuando ingresé al instituto Ene, cinco empleados me dijeron que no era como el instituto Erre. Acá pegamos mejor, me dijeron, y me dieron cinco puñetazos en el estómago. Cuando caí al piso me patearon la cabeza”.
“Me corté los brazos y la panza con una máquina de afeitar para manifestar mi disconformidad con el trato de los maestros, consistente en agresiones verbales y golpes, piñas y patadas. Uno de los maestros te busca la reacción. Por las noches los maestros están reduros, drogados”.
Rompiendo el silencio
Por H.V.
“Al llegar el empleado Equis me golpeó y me insultó. Me agarró de los pelos, me dijo: ‘Acá te van a romper el culo’ y me dejó en una celda. A los diez minutos hizo entrar a un menor que en la Comunidad es conocido como ‘violeta’, porque viola a algunos de los chicos que ingresan, con el conocimiento de los empleados. Es de gran físico y al que se resiste lo golpea. Como yo no me dejé empezamos a pelearnos. Equis miraba y se cagaba de risa. Es el que siempre me dice: ‘Vos acá no tenés derechos’. También hay un psicólogo, de apellido Zeta, que me dijo: ‘Acá nadie te da bola. Vos sos enfermo y yo psicólogo y es tu palabra contra la mía’. También me pegó porque no me quise dejar inyectar. Me inyectaron por la fuerza y me encerraron dos días en el ‘buzón’, totalmente desnudo, cagado de frío y sin colchón”. Este estremecedor relato de un chico internado en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth, dependiente del obispado de Luján-Mercedes, fue corrobo
rado por otro testimonio: “A un interno de apellido Igriega lo verduguearon poniéndole un violeta en la celda. Como el pibe no se dejó se agarraron a trompadas, mientras Equis se reía”, dice. El testigo añadió que “desde que me internaron en la Comunidad sufrí maltratos, insultos y golpes por parte del personal. Me encerraron en el ‘buzón’ sin haber cometido ninguna falta. Para ir al baño tenía que golpear varios minutos antes de que me abrieran la celda. Varias veces tuve que orinar en la celda porque nadie me abrió. Después me castigaron por ello, llevándome a una celda individual. Como no me sentía bien pedí atención médica gritando y golpeando la puerta. Entonces me sacaron el colchón. Cuando lo pedí de nuevo porque no me sentía bien me inyectaron y a los pocos minutos me quedé dormido. Todas las mañanas, tardes y nochesnos dan un polvo blanco para dormir y si nos negamos nos ponen pichicatas”.
A raíz de la denuncia judicial de este caso, el Consejo del Menor y la Familia dispuso efectuar una inspección sorpresiva en la Comunidad Terapéutica. Antes de recibirse el informe de los inspectores, el gobernador Rückauf hizo saber a las autoridades del Consejo su disgusto por haber enviado a personal distinto al que en forma habitual visitaba ese instituto. El obispo Ogñénovich fue uno de los que anudó una relación especial con el gobierno de Carlos Menem y su vicepresidente Carlos Rückauf, a través del actual secretario general de la gobernación, Esteban Caselli. El hermano del obispo, Danilo Ogñénovich, fue designado director del PAMI por la ex interventora Matilde Svatetz. El juez federal Juan José Galeano los procesó a ambos por fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La Comunidad es dirigida por el psicólogo Edgardo Abrey, cuyo hermano, el presbítero Guillermo Marcelo Abrey, dirige la publicación y el taller de periodismo “Rompiendo el silencio”. Del mismo obispado depen
den también otras dos comunidades terapéuticas, Villa Anunciación, en Mercedes, y San Ignacio de Loyola, en Junín. En todas ellas se ofrecen tratamientos contra la drogadependencia y se dictan cursos de albañilería, apicultura, carpintería, serigrafía, computación, lecto-escritura y periodismo. La última edición de “Rompiendo el silencio” incluye una cita de los Evangelios: “He deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios”.
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